Mónica Huertas, en una entrevista realizada por el diario oficial El Peruano, sostuvo que las instituciones del Estado están en la obligación de sensibilizar, capacitar y apoyar económicamente a las mypes, para que alcancen la certificación de los programas de cumplimiento en sus organizaciones y adopten los modelos establecidos en la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
Mencionó, además, que, desde la promulgación de dicha Ley en abril de 2016, el World Compliance Association (WCA), ha certificado a muchas empresas que decidieron implementar el programa de compliance corporativo en sus organizaciones, lo que considera, es un avance muy significativo para nuestro país.
Asimismo, la presidenta del WCA, señaló que la implementación de este programa por parte de las grandes y medianas empresas, ha causado que las mipymes estén en la obligación de poner en funcionamiento este programa en sus organizaciones; sin embargo, suelen tardar un poco más debido a los costos o por la estructura de la empresa que cuenta con pocos trabajadores y no hay una persona que pueda asumir la función de cumplimiento. Del mismo modo, mencionó que uno de los puntos débiles de las pymes, es que muchas veces estas cuentan con el apoyo económico para implementar el programa de cumplimiento, pero no cuentan con el personal adecuado para entender todos los requisitos o la norma.
Consecuentemente, Mónica Huertas señaló que muchas pymes cuentan con personal que no sabe cómo funciona un canal de denuncias o qué es un oficial de cumplimiento, por lo que es complicado avanzar con las pequeñas empresas que, pese a las ganas, no pueden ir más lejos por falta de personal capacitado o instruido.
Respecto a lo señalado, mencionó que el sector público debería avanzar mucho más con sus programas como Innóvate, de subsidios, para promover las certificaciones de los modelos de cumplimiento, para que así llegue a conocimiento de más pymes. Además, indicó que es importante la difusión, sensibilización, capacitación y apoyo económico con estos subsidios, ya que actualmente es muy complicado que se puedan presentar a estos beneficios del Estado.
Por otro lado, la presidenta resaltó que las empresas del sector privado están muy comprometidas en que todas sus organizaciones cuenten con el programa de cumplimiento, lo cual genera mayor avance en el compliance. Generalmente, estos son implementados bajo códigos de conductas, sanciones o legislaciones, ya sea con la Ley mencionada en el primer acápite u otras como la Ley N°37001 o N°37301.
Finalmente, es importante mencionar que se desarrollará el V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Antcorrupción, en el que participará la presidenta del WCA, Mónica Huertas, entre otros expertos en la materia, los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de manera virtual. Asimismo, participará la superintendente adjunta de asesoría jurídica de la Superintendencia de Mercado de Valores, Liliana Gil, quien abordará los Lineamientos del Modelo de Prevención. Por último, es importante mencionar que al año 2020, los efectos de la corrupción en nuestro país, dejaron una pérdida de 22.059 millones de soles, lo cual habría beneficiado a 9 millones de peruanos que se encuentran en pobreza, según indicó la Contraloría General de la República.
